Una vertiente novedosa de lo sucedido después del crimen de León fue la repercusión del mismo en las redes sociales, con posicionamientos de todo tipo, incluidos los de mal gusto y de escasa sensibilidad. Como consecuencia de esas reacciones o expresiones, se han producido al menos dos detenciones de ciudadanos de a pie que emitieron opiniones contrarias al buen gusto y consideradas poco políticamente correctas. Que se le exija esa corrección a los personajes y cargos públicos que nos representan es lógico, pues su función es esa, representar a sus votantes, y deben dar por supuesto que la gran mayoría de esos votantes son personas normales a quienes no gusta lo que ha sucedido. Es por eso por lo que la dimisión de las dos concejalas en Galicia fue un acto de justicia, no de responsabilidad. Ahora bien, pretender que cualquier ciudadano se adhiera al pensamiento único y repudie un acto que, por el motivo que sea, no le parece mal, es una estupidez, y las instrucciones del Ministerio de Interior para que los jueces actúen de oficio contra ellos, es otra estupidez. La gente es libre de pensar y de decir lo que le de la gana a nivel individual, pues cada persona se representa a sí misma, y si alguien quiere aparecer a los ojos de todo el mundo como un gilipollas, es su derecho. De momento, ser gilipollas o bruto o insensible o animal de bellota no es delito. Y puestos a perseguir declaraciones en las redes sociales, podían empezar por perseguir las que vierten muchos periodistas y políticos de la derecha, como los alcaldes de Valladolid o Badalona, que conforman un manual muy completo de insultos, amenazas, menosprecio, racismo, machismo y apología de la violencia. Y todo eso sí que son delitos.
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