Entre ayer y hoy han salido varias informaciones en la prensa acerca de diferentes personas condenadas a penas que parecen desproporcionadas en relación al delito cometido y que están a la espera de indulto. Una de las condenas más llamativas es la de tres años de prisión a unas monitoras de un centro deportivo municipal de algún lugar de Pontevedra, por tirar pintura en una piscina durante una huelga. El coste de los daños, según el juez, ascendió a 1.000 euros. Otra es la de dos años y tres meses al dueño de un bar en Andalucía, por ruido excesivo en su local. Si no les indultan, tendrán que ingresar en prisión. Resulta chocante que por tirar pintura a una piscina te caiga una pena de tres años, mientras conducir borracho y matar a una persona, como hizo el torero Ortega Cano, sólo supone una condena de dos años y medio. O cómo Jaume Matas, condenado a seis años de cárcel por corrupción, sigue en la calle pendiente de que sus amigos del gobierno le concedan el indulto, a pesar de acumular al menos dos condenas en firme. O Carlos Fabra, con cuatro condenas de prisión por un fraude fiscal de 700.000 euros, que sigue mangoneando a su antojo por Castellón. Es decir, que ser político o famoso supone una ventaja a la hora de sentarse en el banquillo. Luego se extrañan de que no confiemos en la Justicia. Ni siquiera se merece ese nombre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario