De todos son conocidas las prebendas que disfrutan los políticos, algunas legales, otras legales pero poco éticas y otras ni siquiera legales, como se ha visto en estos últimos años. Pues además de todas esas ventajas que supone el ser político, por muy inútil que sea el sujeto o sujeta y por mucho que arruine a la administración que debe gestionar, hay una más, que el resto de los ciudadanos no tenemos, y es el aforamiento ante la acción de la justicia. Cualquier miembro de un gobierno o parlamento, nacional o autonómico, además de numerosos altos cargos y jueces, tiene la condición de aforado, lo que supone que no puede ser juzgado por los tribunales que juzgan a todos los ciudadanos, y sólo pueden ser imputados y juzgados por los tribunales superiores nacionales o autonómicos, previo suplicatorio al órgano correspondiente (parlamento y demás). Mientras que en el resto de los países europeos el aforamiento se circunscribe al presidente del gobierno y los ministros, en España hay alrededor de diez mil aforados, una cantidad totalmente desproporcionada. Además, esto permite a estas personas alargar los procesos con triquiñuelas (legales, eso sí) hasta hacerlos eternos y a veces conseguir que prescriban. Como es lógico, los políticos son los menos interesados en cambiar la situación. De hecho, el ministro Gallardón va a cambiar la ley para aumentar el número de aforados. La lectura es sencilla: los tribunales superiores son órganos controlados por el poder político, que nombra directamente a los magistrados del Tribunal Supremo, al igual que ocurre con los tribunales correspondientes de las comunidades autónomas. Y si te juzga quien te debe el cargo, tienes más posibilidades de salir impune. No somos iguales ante la ley, nunca lo hemos sido.
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