El término "Captura del Estado" se acuñó por primera vez en el año 2000 y se refiere a aquellos países en los que los poderes económicos influyen en la toma de decisiones políticas y condicionan las leyes en favor de sus intereses. Inicialmente se aplicaba a la situación de países como Perú, Colombia, Nicaragua, Honduras o México, por ejemplo, aunque hay más. En esta captura del estado participan los oligarcas de las grandes empresas y sectores económicos para que la legislación favorezca sus intereses, generalmente en contra de los intereses generales. Para los empresarios, leyes que propician los despidos más baratos y condiciones laborales más precarias que les permiten enriquecerse y aumentar sus beneficios sin que la sociedad se beneficie de ello. Se produce la privatización de empresas públicas solventes y de sectores críticos (telefonía, electricidad, gas, transportes, petróleo, bancos), cediendo los enormes beneficios que generan al sector privado, en lugar de revertirlos al herario público. Se privatizan igualmente los servicios sanitarios y de educación con la excusa de que lo privado gestiona mejor que lo público, con un elevado coste económico y social y una incogruencia de fondo bestial: si sabes que eres un gestor inútil, ¿Por qué te presentas para que te elijan como gestor público? El siguiente paso es deshacer el sistema de prestaciones sociales, puesto que es una cantidad de dinero muy importante que se escapa en soportar colectivos improductivos. Todos estos favores al sector económico no son gratuitos, van acompañados de tramas (muy bien) organizadas de sobornos y corruptelas que salpican a todos los niveles del Estado, desde la Presidencia hasta las entidades locales, pasando por todas las administraciones intermedias, y con la connivencia de las instituciones judiciales, secuestradas por el poder político para que sus fallos vayan siempre orientados a los intereses de estos grupos. Finalmente, para cerrar la cadena de favores, cuando estos gestores ineptos terminan el desmantelamiento de lo público encuentran acomodo como asesores, muy bien pagados, en las mismas empresas que se beneficiaron de sus decisiones. ¿Sudamérica año 2000? No, España 2011-2014. Al final lo han conseguido, 75 años después, tienen al Estado cautivo y desarmado.

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