La seguridad jurídica es uno de los logros más importantes de un régimen democrático, y una condición indispensable para el desarrollo económico y social de un país. Es algo de lo que nos beneficiamos a diario sin saberlo, y muchas veces sin apreciarlo hasta que la perdemos, como ha ocurrido en Chipre este pasado domingo. Los ciudadanos se fueron el viernes a sus casas, a pasar un fin de semana más, y de repente se encontraron con la pesadilla de que quienes deberían garantizar sus derechos y salvaguardar su seguridad jurídica, les meten la mano en la cartera, casi literalmente, y se inventan un impuesto, tasa o como lo quieran llamar, por medio del cual su capital es confiscado por el Estado en un porcentaje determinado. Porque sí, porque un ente abstracto supranacional lo manda. Y esto ocurre en un país de la UE, donde presumimos de ser los más civilzados del mundo. Si quien nos tiene que proteger, nos roba ¿qué sentido tiene mantener esta farsa? Y lo peor de todo, ¿hay alguna otra alternativa a este sistema? Los tiempos del dinero escondido en el colchón quizás no tarden tanto en volver.
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